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Perú ante OEA: La Comisión IDH tomo "una decisión errada" al remitir caso Chavín de Huantar a la Corte de San José
Embajador Albán presentó la posición del Estado Peruano y cuestionó el incremento de demandas de terroristas ante el Sistema Interamericano.
El nuevo embajador del Perú ante la OEA Walter Albán expresó hoy ante el Consejo Permanente de dicho organismo la posición del Estado Peruano frente a la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al remitir ante la Corte de San José una demanda relacionada con los hechos que marcaron la operación de rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón en 1997.
Conforme con lo manfiestado por el embajador peruano, la CIDH adoptó una decisión errada que el Estado Peruano se encargará de demostrar en el proceso."Consideramos que la remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Eduardo Cruz Sánchez (también conocido como Chavín de Huántar), como habrá de quedar demostrado ante la Corte, ha sido una decisión errada, en tanto éste caso aún se encuentra en sede nacional y su tratamiento se viene llevando a cabo de conformidad con la legislación peruana, acorde a los estándares internacionales" expresó en su discurso.
A continuación, dijo que "los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar son considerados héroes en el Perú y en otros países. Ellos arriesgaron sus vidas para salvar otras y así enfrentar un acto terrorista de toma de rehenes por parte de un grupo calificado como tal, tanto en la jurisdicción interna como la internacional, grupo por lo demás responsable de crímenes de lesa humanidad, perpetrados con absoluto desprecio por la vida.
Previamente cuestionó que en forma creciente la Comisión admite casos de terroristas, responsables de crímenes de lesa humanidad, que supuestamente ven afectados sus derechos humanos. Según expuso, "no puede pasar desapercibido por ejemplo que, tratándose del Perú, son cada vez más frecuentes los casos en los que personas responsables de graves crímenes perpetrados con extrema violencia y mediante actos de terrorismo, acuden a la CIDH alegando supuestas violaciones a sus derechos. Una tramitación de tales casos, ajena a la sensibilidad de la sociedad peruana frente a hechos que en su momento dieron lugar a sentimientos de zozobra y terror generalizado, no contribuye a una percepción positiva de la labor que desarrolla este importante órgano del sistema de protección regional de los derechos humanos".
Finalmente precisó la necesidad de que la CIDH adopte sus decisiones teniendo en consideración todos los elementos que conforman la realidad y el contexto en el que actúa un Estado en un momento determinado; es igualmente necesario que la valoración y oportunidad con la que son examinados los casos, se lleve a cabo teniendo en consideración el contexto político, social y cultural que atravesaron nuestras sociedades en la lucha contra el terrorismo. Es esta la única manera legítima, ajustada a la realidad y a la lógica, que habrá de garantizar la confianza en el sistema.
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