El historiador Jorge Basadre, en su libro Historia del Derecho Peruano, comenta que en la época Inca, parte de los preceptos morales y de justicia señalaba sanciones severas -aunque no exclusivas- a los miembros del ejército inca. Al principio de la Conquista y el Virreynato se aplicaron las leyes de los ejércitos borbónicos y a partir del 22de octubre de 1768 entraron en vigencia las Ordenanzas de Carlos III, en cuyo octavo tratado se hacía referencia a la justicia militar. Estas ordenanzas durarían incluso hasta después de creadas las repúblicas.
Durante la gesta emancipadora, Don Mariano Melgar y Valdivieso, poeta y héroe independentista, fue Comandante de Artillería y Auditor de Guerra del Ejército emancipador del Brigadier Mateo Pumacahua, razón por la cual fue declarado patrono del Cuerpo Jurídico Militar.

Durante la República

Al producirse la independencia, durante un tiempo tuvieron vigencia las ordenanzas españolas, pero al consolidarse la República, las distintas constituciones que ha tenido el Perú han preservado el estatuto de la Justicia Militar asignándole la gran misión de administrar justicia en el ámbito de su competencia. La Justicia Militar ha sido siempre un capítulo importante en la historia de la República, lo cual es evidente en el tratamiento dado a la jurisdicción militar en las diversas constituciones que rigieron en el Estado Peruano.

La Constitución de 1823 mantiene las normas legales anteriores a la independencia “hasta la organización de los Códigos civil, criminal, militar, y de comercio”. La de 1828 otorga atribuciones al Presidente de la República para proveer “con arreglo a ordenanza a las consultas(…) sobre las sentencias pronunciadas por los juzgados militares”, en su calidad de Jefe Supremo de las fuerzas de mar y tierra, precisándose también en el Art. 148º que “El Congreso dará las ordenanzas del Ejército, Milicia Nacional y Armada; rigiendo entre tanto las que están vigentes”. La Constitución de 1834 tiene especial relevancia por sus alcances sobre Justicia Militar; así, por primera vez se establece en el Art. 110º, dentro del título referido al Poder Judicial: “Habrá también un Consejo Supremo de Guerra, compuesto por Vocales y un Fiscal nombrados por el Congreso.

La Convención Nacional expidió la Ley del 5 de junio de 1834 que fijaba la composición del Consejo Supremo de la Guerra con tres generales o coroneles de ejército, uno de igual clase de la armada, tres vocales de la Corte Suprema de la República, y un fiscal letrado, presidido por el general de mayor graduación o antigüedad y fijando igualmente sus atribuciones. Este Consejo fue instalado el lunes 14 de julio de 1834, conforme al decreto de 11 de julio del citado año, firmado por el Presidente Provisional de la República General de División Luís José Orbegoso. Por decreto del 23 de septiembre de 1834, se nombró una comisión integrada por Oficiales Superiores para la elaboración de un proyecto de código militar.

Sin embargo, en 1839, al expedirse la Constitución se devuelven las facultades jurisdiccionales al Presidente de la República, respecto a este tema. Las constituciones de 1856, 1860 y 1867 mantuvieron las antiguas leyes en cuanto al ámbito castrense con algunas adecuaciones.

El primer código de justicia militar de la historia:A finales del siglo XIX el Gobierno de Don Nicolás de Piérola emprende la reorganización del Ejército, el año 1897, y para este fin contó con la colaboración de la Misión Militar Francesa, dirigida por el Coronel Pablo Clement, quien presentó un informe sobre la legislación militar, administrativa y reglamentos militares, y subsecuentemente se nombró la primera comisión encargada de redactar un proyecto del Código de Justicia Militar. Formulado este proyecto, el 10 de Diciembre de 1898 fue aprobado por el Congreso y promulgado el 20 del mismo mes.

El Código comenzó a regir 30 días después de la promulgación, o sea, el 20 de Enero de 1899 y tuvo una vigencia de 40 años.

En el Art. 156º de la Constitución de 1920 se estableció: “La justicia militar no podrá por ningún motivo, extender su jurisdicción sobre personas que no estén en servicio en el Ejército, a no ser en caso de guerra nacional” Durante el siglo XX, la justicia militar estuvo sujeta a los vaivenes y cambios constitucionales de la República.

En 1939 y 1950 entraron en vigencia nuevos Código de Justicia Militar. Trece años después, en 1963, se promulga un nuevo cuerpo leyes que duró hasta 1980.

La Constitución de 1979, en el numeral 1 del artículo 233º, establecía: “La unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la arbitral y la militar. Quedan prohibidos los juicios por comisión o delegación”. El artículo 282º precisaba: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en los casos de delitos de función están sometidos al Fuero respectivo y al Código de Justicia Militar, cuyas disposiciones no son aplicables a los civiles, salvo lo dispuesto en el artículo 235 (No hay pena de muerte, sino por traición a la Patria en caso de guerra exterior). Quienes infringen el Servicio Militar Obligatorio están sometidos al Código de Justicia Militar.”

La Constitución de 1993 ha tratado, en semejantes términos, el asunto de la Jurisdicción Militar: “Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

La Jurisdicción Militar en las constituciones de 1979 y 1993

No hay proceso judicial por comisión o delegación.” “Artículo 173º.- En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141º sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar”. Varios son los aspectos que podemos resaltar de los artículos glosados. La meridiana claridad con que los constituyentes se expresaron sobre la existencia del Fuero Militar, como una jurisdicción de excepción, con un estatuto propio, sujeto a los principios y derechos de la función jurisdiccional y a los tratados que sobre DDHH ha firmado el Perú; igualmente, otros aspectos, no menos importantes, son los referidos a la prohibición de juzgar civiles en el Fuero Militar y el juzgamiento de militares y policías, en situación de actividad, sólo por delitos de Función.

En la historia reciente, el gobierno peruano promulgó el 1 de setiembre de 2010 el nuevo Código Penal Militar Policial, que se constituye en el instrumento más moderno para la administración de justicia en el ámbito militar y policial.

Delitos contra la fidelidad a la función militar policial:

Información falsa sobre asuntos del servicio. Falsificación o adulteración de documentación militar policial. Certificación falsa sobre asuntos del servicio. Uso indebido de condecoraciones, insignias o distintivos. Destrucción de documentación militar policial.